Son delitos ejercidos por funcionarios y/o empleados públicos presentes en el Código penal desde el artículo 220, en el que se pueden encontrar diversos delitos como cohecho (soborno), malversación de fondos, fraude al fisco, prevaricación, nombramientos ilegales, violación de secretos, resistencia y desobediendia, abusos contra particulares, entre otros.
Si un funcionario comete en su accionar alguno de estos delitos, se abre una investigación en su contra desde el Ministerio Público, en el cual si se comprueba su culpabilidad puede tener condenas en dinero, una salida de su empleo por destitución, inhabilitación o suspensión de su cargo u oficio público.
