Derecho Penal
Rama del derecho público, encargada de regular la actividad delictual que ocurre dentro de un Estado.
Nos encargamos de entregar asesorías a las victimas de delitos, y a todas las personas que se encuentren envueltas en algún proceso penal, entregando asesorías o la tramitación de causas, velando siempre que el proceso se realice de manera justa y apegada a las normas del derecho.
El Ministerio Público señala que los delitos económicos son todas aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales, o mediante personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado en general.
Tenemos el delito de usura, estafa, fraudes en perjuicio de las personas jurídicas, delitos laborales, malversación, receptación, incendio, etc, los cuales dañan intereses particulares que en ocasiones pueden generar daños al orden económico.
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¿Sabías que los robos y hurtos son de los delitos más frecuentes en Chile de acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito?
Sin embargo, a pesar de ser tan comunes no representan al mismo concepto ni a las mismas consecuencias.
El robo es la acción delictiva en la que alguien se hace dueño de algo de valor mediante el ejercicio de la violencia, intimidación hacia una persona o fuerza sobre las cosas, ejemplo, dañar una de las puertas de la propiedad. Por otro lado, el hurto representa la apropiación de objetos de valor de otra persona sin hacer uso de la violencia, intimidación o fuerza en algún objeto.
Delitos que son cometidos en pro de dañar la integridad física de otra persona, por medio de lesiones en sus distintos tipos de gravedad que puedan causar la muerte.
• Delito por homicidio
• Delito del maltrato a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad
• Delito de las injurias
• Delito de calumnia
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Los delitos en contra del orden y seguridad pública son conductas ejercidas por personas con la finalidad de alterar la tranquilidad, buena convivencia pública y social, lo que implica que van en contra de los derechos fundamentales presentes en la Constitución. Los delitos en contra del orden y seguridad pública son conductas ejercidas por personas con la finalidad de alterar la tranquilidad, buena convivencia pública y social, lo que implica que van en contra de los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución.
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La ley Emilia o Ley de Tolerancia cero, ha traído cambios drásticos desde su vigencia en 2014, en torno a las modificaciones de la Ley de Tránsito en Chile, con consecuencias de mayor peso para quiénes manejen en estado de ebriedad y provoquen un accidente que implique daños materiales, físicos, sean lesiones o incluso la muerte.
Son delitos ejercidos por funcionarios y/o empleados públicos presentes en el Código penal desde el artículo 220, en el que se pueden encontrar diversos delitos como cohecho (soborno), malversación de fondos, fraude al fisco, prevaricación, nombramientos ilegales, violación de secretos, resistencia y desobediendia, abusos contra particulares, entre otros.
La libertad condicional es una medida alternativa dispuesta en la Ley N°321, dentro de los artículos 1 al 11, en la cual la persona condenada a prisión, se le otorga esta opción si cumple con ciertos requisitos establecidos por la Ley. De ser aprobada, la libertad condicional es una demostración de que ha habido avances en el proceso de reinserción social, quedando la persona sujeta al cumplimiento de obligaciones, condiciones que de no cumplir harán que vuelva a cumplir la sanción en la cárcel.
Son todas aquellas respuestas estatales que pueden ejecutarse de acuerdo a la legislación y Código Procesal penal de Chile, en función de dar alternativas ante la comisión de un delito u hecho punible, las cuales se traducen en un menor nivel de represión. Es decir, generar una solución que logre reparar en cierta manera los daños y perjuicios dados por el delito.
El Decreto de Ley N°409, permite que las personas tengan la posibilidad de eliminar sus anotaciones penales contenidas en los extractos de filiación y antecedentes penales, con el fin de que para efectos legales y administrativos, nunca se haya cometido un delito. Este tipo de beneficio actúa como un medio, en el cual, luego de cumplida la condena, la persona pasa a formar parte de la sociedad con las mismas condiciones y derechos sin el pasado de su vida en prisión.